Los radicales fieles con su historia, daban muestras, nuevamente, de su interés por los indígenas.
Sin embargo, las buenas intenciones del gobierno radical de Mendoza, no lograron concretarse.
El Fiscal de Estado, naturalmente designado por el gobierno radical, se opuso a la decisión de expropiar y transferir las tierras a los indígenas.

(Es oportuno señalar una actitud que se inscribe en el juego institucional republicano, ya que prima en el Fiscal de Estado una opinión acerca de lo que es conveniente para la Provincia, en vez de privilegiar un alineamiento político. Queremos exponer este hecho, porque luego aludiremos a otros que también, por su peculiaridad, conforman un conjunto de circunstancias no habituales, que es preciso destacar, porque realzan valores cívicos de una comunidad)

El Dr. Pedro Sin planteó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por entender que constituía un despropósito hacer entrega de esa extensión, aproximadamente dos tercios del territorio del Departamento Lavalle, a los indígenas Huarpe (respecto de los cuales ninguna noticia específica se proporcionaba en la ley).Con fecha 15 de febrero de 2002 la Suprema Corte resolvió hacer lugar a lo peticionado por el Fiscal de Estado y dejar sin efecto la expropiación.

II

.
No hemos entrevistado al Fiscal de Estado, Dr. Pedro Sin, pero nos atrevemos a imaginar que su oposición se basó en una idea bastante comprensible. Es la que tiene la generalidad de los habitantes de Mendoza y consiste en suponer que en la Provincia no hay indígenas en grado tan considerable, tan numeroso, como para justificar la entrega de 700.000 hectáreas de tierra.
Por lo tanto, es absolutamente lógico sospechar que esas tierras, luego de entregadas a los indígenas, les serán compradas por astutos inversionistas en alguna suma irrisoria, para revenderlas e ingresarían al mercado inmobiliario. En suma, una maniobra para despojar a la Provincia de tierras fiscales y a la par, a los indígenas.

III.

Lo cierto es que todo esto se explica en razón de que la ley no fue bien planteada. No obstante, nada de esto se debe interpretar como una descalificación de los radicales o los funcionarios que gobiernan. Como puede advertirse, nos estamos esmerando en elogiarlos y en destacar sus cualidades, que no son usuales dentro de la política Argentina. Pero lo que sucede es que el tema indígena se desconoce y es “natural” que así sea.

A continuación explicaremos cuáles deben ser las etapas para un desarrollo legislativo eficiente, que debe realizar el actual gobierno, que es continuador del anterior y también radical.

(En este punto aprovechamos para realizar otra acotación importante. Sucedió en Mendoza que en las elecciones para Gobernador del año 2003 los candidatos de los partidos radical y justicialista, fueron los que obtuvieron las mayores cantidades de votos. Dos postulantes egresados de la Universidad con los mejores promedios y con distinciones.. El candidato peronista Guillermo Amstutz egresó con medalla de oro. El candidato radical y actual Gobernador, es el Ingeniero Julio Cobos, quien fue un estudiante destacado (creemos que obtuvo un reconocimiento, un diploma al egresar, pero no lo sabemos con exactitud) y estuvo desempeñando el cargo de Rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Como vemos, Mendoza tuvo entre sus dos postulantes principales a la Gobernación, a dos brillantes estudiantes. Indudablemente es algo que pocas circunscripciones electorales pueden exhibir, especialmente en épocas donde todo lo político está completamente devaluado y sospechado de corrupción.)

Echa la salvedad, pasamos a sugerir las acciones que debería realizar el actual gobierno de Mendoza:

a) Lo primero que hay que hacer es obtener los datos sobre la cantidad de indígenas que existen en la Provincia y, en especial, de los que viven o forman parte de las familias que habitan en la zona norte de Lavalle.
Esto surge de cifras concretas e insospechables, y fáciles de compulsar. Tenemos las cifras provenientes del censo poblacional nacional que se realizó en el año 2000, por el INDEC y en el que, a pesar de las deficiencias, se censó a las poblaciones indígenas. De modo que el INDEC puede proveer ese dato.
También están los que ha recogido el INAI a través del trámite de concesión de personería jurídicas a once comunidades Huarpe. En las solicitudes se deben consignar quiénes integran cada comunidad. Esta es otra información precisa y que se obtiene con rapidez.
Por otra parte, hay otras comunidades en la zona de Lavalle que aún no han tramitado su personería jurídica. Estas podrían ser rápidamente censadas e incluso ayudadas con el trámite de personería jurídica que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En suma, existen datos “fidedignos” sobre la cantidad de miembros del pueblo Huarpe.
Ellos deben ser consignados expresamente en la ley (como anexo), indicando las fuentes de donde se obtienen. De esa forma, la ciudadanía, los legisladores provinciales, los funcionarios del gobierno, el propio Fiscal de Estado y quienes en el futuro quieran saber en qué condiciones se entregaron las tierras. Podrán disponer de un dato ilustrativo.

b) En segundo lugar, la ley debe aludir en forma expresa a la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), que es el que legisla sobre la obligación del Estado argentino de entregar a los pueblos y comunidades indígenas las tierras en la que han ocupado tradicionalmente. Para que quede plasmado que no se trata de un acto de liberalidad del gobierno radical, sino de un compromiso nacional, de la más alta jerarquía legal.
c) En tercer término, debe dejarse expuesto que la citada cláusula constitucional dispone que las tierras se entregarán en “propiedad comunitaria”, institución que se crea en la mentada disposición constitucional. Por lo que las tierras que se entreguen a los pueblos o comunidades indígenas, jamás podrán ser objeto de transacciones comerciales. No es posible venderlas, embargarlas, hipotecarlas ni establecer ningún derecho real a favor de terceros. En suma, nunca podrán salir del dominio de los indígenas y en el caso que las comunidades desaparezcan, las tierras vuelven a poder de la Provincia. De modo que la objeción de que la provincia se desprende de una extensión con un valor económico, deja de tener asidero.
d) La ley también debe hacer mención del Convenio 169 de Naciones Unidas (O.I.T.), que la Argentina ha ratificado y que hoy se encuentra vigente en nuestro derecho, como ley 24.071. Esta ley tiene una jerarquía superior a las leyes nacionales, pues ratifica un Tratado Internacional (conf. Artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
La referencia al Convenio 169, se relaciona con su artículo 17, inciso 3ro.: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

IV.

Hasta aquí nos hemos limitado a sugerir lo que sería un adecuamiento legal, para un nuevo proyecto de ley. Pero también deben realizarse acciones políticas, de divulgación y publicitarias.

d) Es imprescindible que todas las comunidades Huarpe, no sólo las 11 que tienen personería jurídica, sino las demás, intervengan en el trámite del proyecto legislativo y, a su turno, lo avalen y sostengan ante la Legislatura provincial. Esto es necesario para que se vea el “rostro indígena”, para que la gente pueda percibirlos y saber de su existencia. Para que se constate que existen, para que se sepa sobre sus derechos y que la Provincia realiza un acto pleno de justicia y legalidad.
Los gobiernos no deben perder de vista que la cláusula constitucional que sanciona los derechos de los pueblos indígenas, fue aprobada en la Convención Constituyente de 1994, por unanimidad y con los representantes de pie y aclamándola. Solamente dos disposiciones tuvieron la misma adhesión, la que insiste en la soberanía sobre la Islas Malvinas y la del reconocimiento de los derechos indígenas. Esto habla muy claramente de la predisposición favorable de nuestra ciudadanía con relación a las poblaciones indígenas.
Igual sucedió en la Legislatura de Mendoza, pues aprobó la ley 6920 por unanimidad.
Por otra parte, el día de la entrega de tierras debe ser un hecho memorable.Para que así suceda deberían asistir los altos funcionarios del gobierno provincial y estar acompañadas por las comunidades indígenas y por representantes de distintos sectores de la sociedad de Mendoza. También deben participar funcionares del máximo nivel del gobierno nacional, representantes diplomáticos y de organismos internacionales. Esta es una enumeración ejemplificativa, ya que como luego se verá, el caso puede ser de mayor trascendencia de la que hasta aquí le vamos confiriendo.

e) Pero esta entrega de tierras no puede resumirse en eso. Es fundamental que se lo acompañe con un proyecto de desarrollo, que contenga una planificación estratégica y encare el desafío de un desarrollo sustentable. Las tierras tienen una finalidad y es de vincular a las comunidades con el trabajo, la producción, el logro de su sutento e incluso la obtención de utilidades para otros emprendimientos-

f) Lo que se debe tener en miras, también, es que allí se generará una nueva geografía, con sustento en las llamadas "ciencias del territorio".

Tenemos el caso del agua, la que deberá ser administrada con un fin concreto y no podrá tener aquél destino de lagunas inciertas, para fines desconocidos y constituyendo una muestra de dispendio inaceptable.

Se organizarán diferentes emprendimientos: ganaderos, forestales, agropecuarios (aromáticas, orgánicas, producción de miel) y otros.

El desarrollo económico del Departamento Lavalle siempre se ha basado en la producción agropecuaria. Ello se ha llevado a cabo de acuerdo con las condiciones del clima y sin ninguna planificación tecnológica. Así y todo, Lavalle presenta ventajosas posibilidades que posibilitó una economía de subsistencia y hasta de algún beneficio. Con un proyecto inteligente se podrán desarrollar proyectos agrícolas exitosos, de gran demanda en los mercados internacionales.
Es fundamental que exista ese trabajo, que podría hacerse con la ayuda de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo o con otros centros de estudios o asociaciones empresariales, ONG‘s, etcétera.

V.

Estos estudios deben ser encarados desde los modernos criterios que estudian las relaciones entre la sociedad, la economía y el territorio, que están experimentando una profunda transformación.
Actualmente, cuando se analiza la economía de un lugar (para el caso, de la Provincia de Mendoza), se verá que es el resultado de lo que sucede en sus distintas regiones y no de la planificación del gobierno. En una economía globalizada la lógica del capital, como el lugar de radicación de las inversiones, la tecnología y el conocimiento (la "expertise") no son potestad del Estado. Esto puede apreciarse con los resultados de la industria vitivinícola, que muestra claramente que distintas circunstancias favorables y el hecho de contar con una región propicia, dieron ocasión al gran desarrollo acontecido. No puede atribuirse a políticas fiscales, que desgravaban la inversión o de otro modo beneficiaba a los inversores. Tampoco a una conveniencia cambiaria (el proceso se inició cuando estaba vigente la paridad dolar-peso, el “1 a 1”). Ni tampoco a circunstancias políticas, pues hemos estado atravesando épocas de gran inestabilidad.
Para no extendernos, diremos que hay una abundante literatura y especialmente mencionaremos al libro de Juan A. Roccatagliata “Territorio y Gestión”, de la Editorial Docencia, pues el autor es Doctor en Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y luego ha tenido una brillante carrera profesional.
En su obra se muestran los criterios con los que se define el desarrollo territorial y la revolución epistemológica que a su respecto se ha producido (Sergio Boisier, “Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial”, CEPAL, Santiago de Chile)
Para proporcionar una idea mencionaremos algunos de los capítulos que el libro contiene:
1.- Desarrollo territorial, políticas públicas y organización institucional.;
2.- (1) La nueva dinámica socioespacial y la renovación de la gestión territorial;
2.- (8) La renovación del pensamiento en la ordenación territorial;
5. La respuesta local a los desafíos de la globalización;
10.- Las perspectivas del desarrollo a partir de fortalecer la capacidad organizativa del territorio.
10.- (4) El territorio en escenarios de futuros, en el que se explica el tema de los escenarios de anticipación, prospectivos y estratégicos.

VI.

Históricamente el Departamento Lavalle es uno de los más antiguos de Cuyo. Se desarrolló en torno al complejo lagunero de Huanacache. Durante los siglos XVII y XVIII fue una de las áreas agrícolas ganaderas más importante de Cuyo.
Guanacache es un sistema de lagunas y bañados encadenados, alimentados por los ríos Mendoza y San Juan.
La flora y la fauna que se encuentra en la zona de las lagunas es variada.
Árboles: algarrobo y chañar
Arbustos: jarilla, chilca, alpataco y zampa.
Palustre: junco y totora.
Herbáceas: junquillo.
Fauna silvestre: peludo, piche, mataco y pichiciego.
Felinos: gato montés, gato del pajonal, eyra y puma.
Cerdos salvajes: jabalí.
Aves: tungayos y chajaes, representantes de la zona del Monte Chaqueño y cuervillos y flamencos, de la región pampeana.
(información obtenida en el periódico “Los Andes” de Mendoza, del 3 de diciembre de 2003)

Las lagunas Huanacache y su entorno inmediato fue declarado “Sitio Ramsar” el 14 de diciembre de 1999 (Los Andes, 3 de diciembre de 2003: “Humedal”. Se trata de una extensión de alrededor las 580.000 hectáreas.
La declaración se obtuvo a instancias de la Provincia de Mendoza y con el acompañamiento del Estado Nacional. Ambos gestionaron ante la Convención Internacional de Humedales, que se le asignara esa condición.

La “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” fue aprobada en Ramsar, ciudad de Irán, el 2 de febrero de 1971. En ellas se destacan algunos conceptos que transcribiremos:
“Considerando las funciones ecológicas fundamentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas,
Convencidas de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable
Convencidas de que la conservación de los humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas nacionales previsoras con una acción internacional coordinada,
Cada Parte Contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades de carácter internacional.
Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales
Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de humedales
Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los humedales y a su flora y fauna. 5. Las Partes Contratantes fomentarán la formación de personal para el estudio, la gestión y la custodia de los humedales.

La convención ha sido ratificada por la ley 23.919

De la lectura de las prescripciones del Convenio que se reiteran en la ley nacional 23.919, surge que Mendoza asumió la decisión de obtener la declaración de sitio Ramsar para las Lagunas de Huanacache y con ello, la obligación de protegerlas y conservar su flora y fauna. Como consecuencia de esas responsabilidades también tiene el compromiso de formar personal especializado para el estudio, gestión y custodia de los humedales.
De forma tal que el asentamiento de poblaciones indígenas, que por su naturaleza son “agentes ecológicos”, pues preservan los ecosistemas y no son depredadores, ya que no participan de las ideas de las sociedades de consumo, viene a dar cumplimiento a la obligación de formar personal idóneo (en este aspecto se puede consultar la obra de Enrique Leff, “Ecología y Capital”, Ed. Siglo XXI, 3ra. edición de 1998).

VII.

Pasaremos a analizar otra cuestión ínsita al tema indígena, al Sitio Ramsar y al tratamiento de la zona con criterio territorial.
Con fecha 18 de mayo de 1992, las provincias del Nuevo Cuyo (una región constituida por las Provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja) suscriben en la ciudad de Mendoza un Convenio, por el cual se fijan pautas de restauración del sistema lacustre de Huanacache, San Silverio y Bebedero. Además se enuncian una serie de medidas tendientes a la preservación del medio ambiente regional, forestación y restauración de los ecosistemas adyacentes a la cuenca, requiriendo apoyo técnico y financiero del Gobierno Nacional y de los Organismos Extranjeros e Internacionales, a los efectos procurados, y requerir activa participación de las Provincias del Nuevo Cuyo, en la elaboración de los Proyectos ecológicos nacionales.
Los gobernadores firman el acuerdo. Por la provincia de San Luis el Doctor Adolfo Rodríguez Saá; por la provincia de San Juan el Licenciado Jorge Alberto Escobar, por la provincia de La Rioja el señor Bernabé José Angel Arnaudo, y por la provincia de Mendoza, el licenciado Rodolfo F. Gabrielli.
Este es el antecedente que coloca a las Lagunas de Huanacache dentro de un sistema hídrico regional.
De ello surge que nos encontraríamos ante uno de los primeros casos de acción regional entre tres provincias del Nuevo Cuyo.
La Provincia de San Juan (sobre la que advertimos no haber estudiado el tema indígena y las posibilidades de participar, desde esa problemática en el humedal de Huanancache) cuenta con pueblos indígenas Huarpe, aunque no son de la etnia Micallac. Debería analizarse la posibilidad de acordar con ellos su traslado a la zona de Huanacache y que la Provincia de San Juan les entregue tierras colindantes con las de los Huarpes del Departamento Lavalle, para lograr un único territorio y un proyecto común de desarrollo.
En este caso es necesario obtener la expresa conformidad de las comunidades Huarpe de San Juan con relación a su traslado, por aplicación de la preceptiva del Convenio 169.
Como se advierte, se puede dar cumplimiento a dos importantes Convenios internacionales, el de derechos de los pueblos indígenas y al de los humedales.

VIII.

Resta una advertencia: si las tres Provincias logran el dictado de las respectivas leyes para erigir un territorio común (no político), sino a los fines sociales, económicos, ecológicos y de desarrollo sustentable, con la presencia del Pueblo Huarpe, no existirá impedimento para gestionar la asistencia financiera externa.
Esto significa que el gasto para llevar a cabo las inversiones que se requieren no deberán ser afrontadas por los presupuestos provinciales.
Actualmente, como se puede leer en Los Andes del 2 de diciembre de 2003 que la comuna de Lavalle anunció que en 2004 construirá las presas sobre el río Desaguadero y en las lagunas de Guanacache para evitar que la erosión termine con el humedal. Así lo anunció Gerardo Vaquer, de Medio Ambiente de la comuna, quien dijo que éstas son obras prioritarias para conservar el patrimonio lagunero del departamento. Vaquer indicó que ellos participaron, junto a Gustavo Blanc, del estudio que ayer publicó Los Andes, que demuestra que las lagunas se están secando por la erosión retrocedente que se genera en las nacientes del río Desaguadero, justo donde terminan las lagunas. La investigación señala que de continuar el fenómeno, en 10 o 20 años podría desaparecer el sistema de lagunas o humedales de esta zona del desierto que comparten las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza.
Se está ante la desaparición del humedal y con ello la pérdida de un ecosistema valioso.
Estamos proponiendo una acción política decisiva, que no habrá de requerir esfuerzos económicos. Solamente se requiere encarar una gestión común de tres provincias que se integran en una región que habrá de convertirse en un dinámico centro de desarrollo.

IX.

Finalmente: somos un grupo de personas que nos interesamos y ocupamos de la problemática indígena, pero también nos interesa Mendoza y queremos colaborar en una realización que la puede beneficiar (el que esto escribe es nacido en Mendoza). Lo mismo nos sucede con San Juan y San Luis, donde ninguno de nosotros somos puntanos o sanjuaninos, pero lo mismo queremos poner nuestro empeño en la creación de una región nueva, pujante, rica y que tenga un desarrollo importante. En el diario “La Nación” del día de hoy: 27 de marzo de 2004, en la Sección 4, página 12, se encuentra el artículo: “Para que los pueblos chicos sean el país grande”. Allí se explica que los pueblos están desapareciendo; a veces porque el ferrocarril deja de pasar, pero existen muchos otros motivos. Son pueblos que van quedando abandonados, sin gente, poblados solamente por ancianos.
Mendoza, San Juan y San Luis tiene la ocasión de crear un pueblo, un pueblo preponderantemente indígena, una parcela étnica y, a la vez, con pleno desarrollo, con riqueza, sin erogaciones fiscales, con dimensión turística.
Nosotros escribimos para proponer que las provincias encaren un proyecto de concepciones modernas y, huelga decir, que estamos dispuestos a ayudarlas.